El analista afirma que el acto comicial estuvo inficionado por el poder externo a Venezuela y con representantes locales, que respondían a esos intereses externos.

En entrevista exclusiva para teleSUR, el abogado constitucionalista argentino Eduardo Barcesat analiza el proceso electoral venezolano del 28 de julio, destacando su legalidad y conformidad con los procedimientos establecidos. Critica las acusaciones de fraude, calificándolas de infundadas y parte de una estrategia de desestabilización.

Barcesat subraya la importancia de respetar las instituciones y autoridades electorales, así como el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países. Advierte sobre intereses externos que buscan controlar los recursos naturales de Venezuela. El jurista resalta la necesidad de solidaridad regional y respeto a la soberanía, instando a la comunidad internacional a reconocer los resultados electorales una vez sean oficialmente confirmados por las autoridades competentes.

TeleSUR: Desde su perspectiva, ¿qué ocurrió en Venezuela el 28 de julio?

Eduardo Barcesat: Ocurrió un proceso electoral regularmente convocado conforme los plazos establecidos en la convocatoria, que vino rodeado de un clima de amenaza de fraude propiciado desde la oposición política al régimen del gobierno instalado, y que parece ser una práctica permanente de los partidos políticos de la derecha cuando no están en el poder, el de anunciar que toda confrontación electoral, así sea una elección de una alcaidía o municipio, pasando a la elección presidencial, está amenazada de fraude por aquella fuerza política que está así en ejercicio del poder. Y esta es una práctica viciosa que deberíamos erradicar. El esfuerzo de los pueblos de este continente suramericano debería buscar sancionar de alguna manera a aquellos que antes de iniciarse el proceso electoral ya están hablando de fraude como si esto fuera una ley matemática o rigurosa que va a producirse, aunque en general no ocurre. Y cuando ocurre, ocurre en otros países, no precisamente en aquellos que la derecha política hace las impugnaciones. Bueno, yo creo que el principio de legalidad, que es una de las nociones más importantes en la teoría del derecho, implica satisfacer dos requisitos. Primero de ellos, que la autoridad que convoca al comparendo electoral sea la autoridad competente Segundo requisito, el del procedimiento electoral que se haga conforme lo establece la ley y en consonancia con las disposiciones constitucionales.

Creo que el 28 de julio estaban satisfechos los dos requisitos. Convoca el Consejo Nacional Electoral, que hay que aclarar que es un órgano extrapoder, es decir, no pertenece a la administración pública ni a la administración de justicia, es un órgano integrado con una selección muy rigurosa, y que prohíbe, entre otros requerimientos, que alguno de sus miembros tenga una inscripción partidario política. De manera que se supone que es el órgano más neutral y técnicamente más capacitado, porque los resguardos que establece las leyes orgánicas del poder electoral son realmente muy rigurosos.

Es más, diría que la legislación de la República Bolivariana de Venezuela en materia electoral es un ejemplo a seguir en cuanto a las garantías y a la rigurosidad del procedimiento y del control difuso entre los distintos elementos que intervienen. Me refiero al liceo-colegio político, a las mesas electorales, a la junta electoral. Bueno, está perfectamente delineado, de manera que tanto el procedimiento como la autoridad competente estaban satisfechos en este tema.

Y esto es muy importante de señalar, porque el tercer requisito de validez de todo acto jurídico, que es la razonabilidad, bueno, ese requisito no lo tiene que satisfacer ningún órgano electoral. Lo satisface el pueblo de la nación que es convocado al voto y es el que da su voto en función de su entendimiento, donde cada persona vale un voto y esto configura el requisito de razonabilidad.

Por tanto, ¿qué tenemos? Órgano competente de acuerdo a una legislación, vuelvo a decir, ejemplar. y con inscripción constitucional. Procedimiento adecuado para la realización del acto comicial. Lo tuvo. Hubo incidentes que entiendo fueron menores, pero fueron resueltos en el curso del día del acto electoral. Y después viene el recuento de votos y la proclamación.

Allí es donde empiezan los problemas en el caso venezolano. Pero pareciera que estos problemas no provienen de la conducta de la autoridad electoral y del procedimiento electoral, sino de operaciones que se hicieron desde fuera de la autoridad y del procedimiento electoral. Me refiero muy especialmente a una concertada actitud de órganos comunicacionales internos y externos al país venezolano que dieron por hecho de que la elección era fraudulenta sin haber aguardado ningún conteo, realizar ninguna impugnación, no revisar las actas, etc.

Todas estas perversidades han generado una trama de condicionamiento al acto electoral que no puede desconocerse, tiene que ser denunciado, tiene que decirse que el acto comicial estuvo inficionado por el poder externo a la República Bolivariana y con representantes locales, claro, pero respondiendo a esos intereses externos.

Porque creo que todos los que habitamos este continente tenemos que tener claro que el continente suramericano es el más pródigo en riquezas y recursos naturales que son escasos a nivel del orden mundial. De manera que esas riquezas y recursos naturales, algunos renovables, otros no, son una especie de oscuro objeto de deseo político de los países con apetencias y sistemas imperialistas, y que les interesa tener gobiernos o administraciones, pues ni siquiera serían gobiernos, serían administraciones cómplices respecto de estos intereses hegemónicos, para saber que en cualquier circunstancia los países imperiales van a tener resuelto su problema de acceso a minerales estratégicos, a los hidrocarburos, a las tierras con aptitud rural, al agua potable, a esos minerales estratégicos que son fundamentalmente los que emparentan con el desarrollo científico y tecnológico. Porque los materiales preciosos, hay que decirlo con dolor, ya nos fueron saqueados durante la conquista y colonización.

Es retomar el sueño de los libertadores, es tener conciencia de que el colonialismo bajo distintos ropajes sigue existiendo en el mundo y que la gravedad de la situación, y la escasez de riquezas y recursos naturales nos pone frente a situaciones de riesgo que debemos conjurar en la solidaridad y en el respeto los unos a los otros.

TeleSUR: ¿cuál es la importancia de la proclamación por parte del poder electoral del país del presidente reelecto en medio de un proceso, como usted comentó, que estaba afectado por la campaña de descrédito, donde la palabra fraude era la que estaba siempre presente?

Eduardo Barcesat: Creo que el consejo nacional electoral actuó conforme las previsiones normativas y las cláusulas constitucionales que amparan la existencia de este organismo y su funcionalidad. Hemos tenido conocimiento, yo por supuesto no puedo dar fe de esto, en el sentido de que hubo hackeo cibernético o informático que alteró la virtualidad de las actas, Lo que sí afirmo es que hubo una invasión, diría, desde los medios de información internacionales, cuestionando la inexistencia de las actas o que no se dieran los resultados de las actas, y que como si estuviera en una actitud concertada, de inmediato la fuerza de oposición que pretende haber ganado, no en el comicio, pero sí en el vociferío comunicacional, haber ganado la elección, salir a decir que le robaron los votos, y que habían ganado por un porcentual, bueno, difícil de creer.

Primero porque los números redondos 70-30 no son de fácil configuración y después porque no mostraron ningún soporte ni en papel ni informático, que se correspondiera con esos porcentuales y ese triunfo que se atribuye.

Bueno, creo que esto recaba una vez más respetar los mecanismos institucionales bajo los que se ingresó a la contienda electoral.

¿Qué estoy señalando con esto? que hay un procedimiento arreglado, hay una autoridad establecida, ambas fueron efectivizadas el 28 de julio, no se puede impugnar por fuera. Esto es, y lo enseñaba un gran profesor de Derecho al hablar del sentido de lo jurídico, si uno se sienta a jugar un juego con un contrincante, por ejemplo, el ajedrez, y mueve exprofeso mal una ficha para ganar una posición estratégica en el tablero, más que razonable que mi contrincante me mire y me diga, pero ¿qué está haciendo? Eso no es ajedrez. Bueno, yo creo que el comicio puede ser algo similar a esto.

El comicio tiene sus reglas, el comicio tiene sus autoridades, tiene sus contrincantes, los contrincantes se enfrentan, cumplen con las reglas, porque si no, el juego no tiene sentido, y entonces sí se satisface el principio de legalidad. Se ha obrado conforme la regulación institucional que establece el Consejo Nacional Electoral, sus plazos, sus autoridades, etc. Estos dan una proclama, que es provisoria porque todavía no se ha terminado el conteo definitivo y ahí estalla una especie de golpe de estado, no hay otra manera de llamarlo un golpe de estado institucional, en el que el perdidoso pretende alzarse por fuera de ese mecanismo electoral con el triunfo en la contienda.

Esto es romper las reglas del juego y no hay orden jurídico que pueda resistir si es que no se respeta la regla del juego. Dentro de esa regla del juego, y aquí ya paso a otro gran filósofo del derecho, el que cité antes era el profesor escandinavo Alf Ross, luego Norberto Bobbio, un gran pensador filosófico jurídico, decía que para ganar el juego hay que tener no solamente el respeto a las reglas de juego, sino reglas estratégicas. No cualquiera se sienta frente a un tablero en un torneo internacional para enfrentar a genios que se conocen todas las movidas de apertura, juego medio, finales. No, no, hay que tener un conocimiento estratégico.

Pero eso sí, señalaba Bobbio, y esto es lo que me interesa. Ninguna regla estratégica de poder se puede construir por fuera de las reglas de juego establecidas para ese juego.

Entonces, acá estamos hablando de las reglas de juego, y las reglas de juego establecen el procedimiento y la autoridad que hemos visto desarrollarse el 28 de julio y días sucesivos, dando un resultado que era provisorio, pero que daba una aproximación difícil de ser revertida con los últimos guarismos del conteo electoral. Lo que pasó con las actas, primero debo decir que está dentro del plazo que tiene el Consejo Nacional Electoral, que son 30 días, para aportar los resultados definitivos que ya han sido dados. Bueno, piden ahora que se exhiban las actas.

¿Qué ha hecho el presidente Maduro? Bueno, ha promovido, él, el ganador, ha promovido el pedido de revisión de ese resultado dado por el Consejo Nacional Electoral. Y esto es un obrar plenamente justificado y plenamente legítimo. ¿Por qué? porque si alguien es difamado, si alguien es calumniado, tiene todo el derecho de presentarse ante la justicia y decir, investíguenme, a ver si yo realmente he cometido el delito o la falta que se me imputa.

Maduro fue el que llevó el tema mediante una acción prevista en la Constitución, que es el amparo contencioso electoral, para que el Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano supremo del Poder Judicial de la República, a través de su sala electoral, revise efectivamente esa correspondencia biunívoca que debe mediar entre los guarismos del cómputo informático electoral y las actas que registran cada mesa electoral.

Ahora van a tener el resultado este definitivo Y este resultado es el que va a completar el ciclo electoral y después de esto ya no hay autoridad alguna que pueda cuestionar la legitimidad de obrar tanto de la autoridad comicial como del presidente electo, que efectivamente asumió esa calidad y esa condición en base a la certeza jurídica que aportaba y aporta el Consejo Nacional Electoral y que ahora tendremos la palabra definitiva del Superior Tribunal de Justicia.

Pero fíjense qué paradoja. El Superior Tribunal, a poco de recibir la acción promovida por el presidente Maduro, pide a los 38 partidos que han tomado intervención, ya sea como partido propio o como formando un frente electoral, que aporten las actas que recibieron en el acto comicial.

El único que ha aportado las actas es el Consejo Nacional Electoral y algún partido, pero el partido opositor, el que tanto cacarea de respecto a su triunfo electoral, no se ha presentado y desconoce también, no solo al Consejo Nacional Electoral, sino a la sala electoral del Superior Tribunal de Justicia.

Bueno, esto es un desacato o una desobediencia, si queremos ser más suaves, que debe ser puesta de relieve y debe ser condignamente sancionada, porque si uno se presenta a la contienda electoral, no es para aceptar únicamente los resultados favorables, también para aceptar aquellos que nos han sido adversos. De manera que entiendo que eso es una forma de debilitar la institucionalidad que, por supuesto tiene sus titireteros mayores en los que están mirando el petróleo de Venezuela, porque ninguna duda que todo este conflicto huele a petróleo por donde se lo mire y por donde se lo huela, si cabe la expresión. Y esto, un país soberano no lo debe tolerar, no lo debe permitir.

Creo que la actitud de la comunidad internacional debe ser de respetar la soberanía, porque también la parte electoral es soberanía, de los cómputos y de los resultados que indican las autoridades especiales de ese órgano extrapoder y su posible, casi cierta, convalidación por la sala electoral del Superior Tribunal de Justicia.

TeleSUR: En el caso Venezuela en los países que se han manifestado directamente contra el poder electoral son casualmente los países que en algún momento han tenido dificultades para pronunciar resultados electorales o incluso impugnar los procesos, casos de EE.UU. y el caso Brasil. ¿Qué podemos decir de esto?

Eduardo Barcesat: yo me guío por un gran principio del derecho, que es la conducta posterior de las partes tras haber realizado un acto jurídico, lo que hacen el día y los días después demuestra qué es lo que tuvieron en cuenta cuando realizaron el acto jurídico. Si al día siguiente salimos a decir fraude, no ante el Consejo Nacional Electoral, sino ante las tribunas, inmovilizando gente y psicotizando con el fraude, esto ya me genera a mí inicialmente la idea de que están en una actividad que lesiona la institucionalidad de la República de Venezuela. No, no tengo duda de esto.

Si la primera expresión en Estados Unidos la dio la actual candidata Kamala Harris diciendo, bueno, no alcanzó la votación, pero vamos a seguir buscando las vías de la democratización, bueno, todo lo que conocemos de la postura del imperialismo. Bueno, Kamala Harris, para decir una cosa tan, diría, asertiva respecto del triunfo de Maduro, es porque tenía muy buena información y fue casi concomitante a la primera proclamación de Maduro. De modo que esto me resulta un dato muy significativo.

Ahora, hay otras fuerzas políticas que tienen su relación y su amistad con el proceso de la República Bolivariana de Venezuela que están algo escépticas, algo ganadas por la propaganda y por ese manipuleo, invocando incluso expresiones de una organización electoral que lleva el nombre del expresidente Jimmy Carter, como que estuvieron allí, pero que no se pudo hacer una verificación o auditoría de las actas, etc.

Los veedores internacionales tienen una competencia para pronunciarse ninguna duda sobre lo que han presenciado, pero es curioso que durante la realización del acto comicial no tuvieron ninguna palabra de desaprobación, de decir que hubiera habido subterfugios de alteración o adulteración de actas, no se dijo nada.

Simplemente que cuando empezaron a sonar los tambores del fraude proclamados externamente a la República de Venezuela, allí entonces empezaron las exigencias de presentar las actas.

Veo, sin embargo, por noticias internacionales de agencias serias, de que el Superior Tribunal de Justicia va a dar su resultado dentro del plazo que establece la ley electoral, es decir, respetando los 30 días, para que la comunidad se aplaque. y para que aquellos que han ido vociferando el fraude sepan de la responsabilidad que pueden tener por una conducta que es desestabilizadora de la institucionalidad y de la vida democrática.

No pretendemos que se les robe un solo voto a la oposición, pero tampoco vamos a permitir en la conciencia jurídica de estos pueblos de Latinoamérica que cuando un gobierno popular, y lo es efectivamente el gobierno venezolano, recibe este tipo de denuncias y de presiones que, repito una y mil veces, no se llevan donde se deben llevar, sino que se llevan a los medios de comunicación, a manifestaciones convulsivas, etc., y ante un organismo que lamentablemente en materia electoral no ha sabido comportarse con la sapiencia y con la ecuanimidad que debiera caracterizar.

De modo que yo tomo por bueno lo que diga el Superior Tribunal de Justicia. Y si después respecto a esas conclusiones, organismos calificados y respetados internacionalmente quieren efectuar una auditoría, bien que la hagan. que la hagan y que verifiquen. Pero que recuerden estos dos principios de legalidad y los principios de no injerencia en los problemas internos de los Estados. Porque si no fuera así, podríamos perfectamente decir que las elecciones que nos llevaron a Bush hijo a la presidencia en desmedro del candidato Al Gore eran fraudulentas y creo que podríamos demostrarlo.

Pero respetando la no injerencia, si el candidato Al Gore aceptó el resultado electoral, pese a la más que diría evidente, el evidente tufillo de haber sido adulterada los resultados electorales, bueno, nosotros no vamos a hacer ninguna interferencia ni a decir que el señor George Bush, hijo, es un usurpante y un golpista. Vamos a respetar la declinación de cuestionamiento que hizo el señor Al Gore.

Ahora, fíjense, ya que estamos hablando del exterior y de Estados Unidos, Lo que hizo el señor Trump, después del acto electoral, de lanzarle una hueste de bárbaros a destruir el Capitolio y pretender perpetrar un golpe de Estado, cuya finalidad sería, ninguna duda, traerlo a Trump en andas y proclamarlo presidente de la nación, aunque no lo ganó en las elecciones.

Creo que estas demostraciones de cómo se comporta a veces por esas inficiones del poder en las decisiones de la política demuestran que hay que ser sumamente cuidadoso y confiar en los regímenes electorales y en las autoridades electorales que, por la rigurosidad del procedimiento y por la jerarquía de los miembros que la integran, porque es muy rigurosa la selección, obviamente no se van a prestar a jueguitos de ocultamiento o adulteración de actas.

Creo que ningún jurista que se precie a sí mismo se permitiría realizar un acto de esa naturaleza simplemente por una preferencia política o por alguna compraventa espuria de voluntad.

TeleSUR: ¿por qué organismos internacionales como la OEA insisten en entrometerse en decisiones soberanas que competen a un Estado y no se entrometen en las decisiones de Israel con el genocidio Gaza o con las cifras de la economía argentina, donde actualmente más de un millón de niños se va a la cama sin comer? ¿A qué cree usted que se deba esto?

Eduardo Barcesat: Yo creo que esa injerencia desgraciada que lleva efectivamente a que en la nación argentina se produzcan dos situaciones que son gemelas, diría. Una es el empobrecimiento brutal de las condiciones de vida del pueblo argentino, su gran mayoría, con su aspecto más doloroso que es el de la niñez y siguiendo a ese de los jubilados que cobran haberes de miseria Esa injerencia es posible también en función de un debilitamiento de las instituciones democráticas que el pueblo argentino supo darse.

Estamos celebrando los 30 años de la reforma constitucional del año 94. Puedo decir orgullosamente que, aunque no era miembro de los partidos políticos mayoritarios, tuve una actividad y una injerencia importante en esa convención constituyente y en las cláusulas que surgieron de los temas habilitados por el Congreso, que eran los que miraban hacia el pueblo, y se logró en ese aspecto una constitución muy avanzada en la Argentina, en la incorporación y respeto a los derechos humanos, pero siempre tenemos que alertar que por muy bello que sea el texto normativo, si no tiene un soporte en la estructura social que haga posible todo aquello que está comprometido en las normas de derechos, Bueno, lamentablemente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en la Argentina han pasado a formar parte de la vitrina institucional, pero no de la vida cotidiana de los argentinos.

Es que no basta con proclamar los textos sacrales de los derechos humanos, es importante la política de efectividad de esos derechos, que haga que esos derechos sean satisfechos con intervención y con recurso a la estructura social y no que estén en la nube normativa, dando una sensación de que somos los más avanzados en materia de derechos humanos y enhorabuena que lo pudiéramos ser. pero que no tenemos las condiciones materiales porque hay una política pérfida, colonizada, dependiente, que hace que estemos explotados por una deuda externa contraída ilegítimamente, por una fuga de capitales también operada ilegítimamente.

Y tenemos, lamentablemente, un Congreso de la Nación que no ha sabido preservar sus incumbencias constitucionales. y que ha posibilitado que por vía de mal llamados decretos de necesidad y urgencia las principales decisiones económicas que le están conferidas al Congreso de la Nación y bajo pena de nulidad si es que el Poder Ejecutivo las asume, pues el Poder Ejecutivo las ha asumido y el Congreso todavía no ha dado una respuesta a esa usurpación de las incumbencias y potestades del Congreso de la Nación.

Esto genera una situación muy desdichada tenemos la apariencia de una regularidad institucional pero tenemos una situación de excepcionalidad institucional tanto con el hambre del pueblo, con la insatisfacción del empleo y la certeza de la seguridad jurídica para el trabajo como con el quiebre de la institucionalidad a través de estos mecanismos perversos de no ejercer el Congreso las incumbencias que la Constitución le ha conferido y de apropiarse o usurpar ella el poder que carece de ella y que está estigmatizado como infame traidor a la patria en el texto constitucional y sancionado con nulidad absoluta e insanable los actos usurpativos. Pero esto está en los textos y no en la realidad.

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